Una organización humanitaria pidió este lunes a México que ponga fin a acuerdos con Estados Unidos que condujeron a la «militarización» de su política migratoria, con «hacinamiento» y abusos sistemáticos de personas en tránsito.
La Red Fronteriza para los Derechos Humanos (BNHR, en inglés) documentó 56 casos de migrantes contra quienes se habrían cometido 202 abusos en los últimos dos años, la mayoría de ellos bajo jurisdicción del Instituto Nacional de Migración, aunque también las denuncias involucran a la Guardia Nacional, la Policía y la Marina de México.
Estos casos se conocen días después de que 40 migrantes, la mayoría de ellos centroamericanos, fallecieron tras un incendio en un centro de detención mexicano en Ciudad Juárez, Chihuahua; frontera con El Paso, Texas; la más reciente tragedia de una crisis agravada por la presión estadounidense sobre México para contener masivos flujos migratorios.
«Esto es no solo por lo que pasó en Juárez, sino porque esto es sistemático (…) el Instituto Nacional de Migración es una entidad corrupta y pedimos su inmediata abolición (…) tiene que desaparecer», dijo Fernando García, director ejecutivo de BNHR en una conferencia de prensa en El Paso.
En su reporte, la BNHR pidió que «México revise y termine todos los acuerdos realizados con Estados Unidos en materia de política migratoria, especialmente a aquellos que han llevado a la militarización de la estrategia y al hacinamiento de migrantes y refugiados en centros de detención».
En la conferencia se leyeron algunos testimonios anónimos sobre abusos, como los de un cubano que acusó a la Guardia Nacional de México de disparar contra un vehículo donde él viajaba junto a otros en Chiapas en 2021, matar a uno de los migrantes y luego tratar de sembrar un arma para acusarlos de un enfrentamiento.
Un guatemalteco detenido en mayo de 2021 en Reynosa, Tamaulipas, frontera con Texas, contó que un agente migratorio lo amenazó con «darle un tiro» y desaparecerlo.
Un ciudadano ecuatoriano de 39 años, entrevistado en octubre de 2022, contó en ese momento que llevaba detenido más de un mes en la estación Siglo XXI de Chiapas, y que por las noches le colocaban candados a las puertas de las habitaciones donde dormían.
Según Amnistía Internacional, en 2022 las autoridades recluyeron a por lo menos 318.660 personas en instalaciones migratorias y expulsaron a unas 106.000, incluidos menores.
