¿Puede Andrés Manuel López Obrador aspirar a un Ejército de paz?
Activistas critican que el Ejército permanezca en las calles de México, y piden que sean civiles quienes juzguen a militares. El próximo Gobierno convocará a 50.000 jóvenes para enfilarse a las Fuerzas Armadas.
A dos meses de que tome protesta el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para los defensores de derechos humanos no está definida la participación de las Fuerzas Armadas en su esquema de seguridad.
López Obrador ha adelantado que creará una Guardia Nacional en la que pretende establecer un ‘Ejército de paz’ y lanzará una convocatoria el próximo 1 de diciembre, cuando toma protesta, para que 50.000 hombres y mujeres formen parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal.
La estrategia de incluir a las Fuerzas Armadas para contener la violencia opera desde hace dos sexenios. El expresidente conservador Felipe Calderón en diciembre de 2006 cambió la política de seguridad de México y declaró la criticada ‘guerra contra el narco’. Envió a los militares a realizar operaciones que previamente no hacían: mezclarse con las corporaciones policiacas, perseguir delincuentes y detenerlos.
Para activistas y expertos en la materia, López Obrador no ha explicado si habrá una reforma constitucional para redefinir las funciones de los militares; tampoco, de qué manera participarán en las calles, porque una de las peticiones de organizaciones defensoras de derechos humanos es su regreso a los cuarteles.
Las Fuerzas Armadas son un tema recurrente en los discursos de ‘la gira de agradecimiento’ del próximo mandatario; por ejemplo, el 2 de octubre, a 50 años de la masacre estudiantil de Tlatelolco, aseguró que en su Gobierno no se emplearían militares en las tareas actuales de vigilancia ni «para reprimir».
Dentro de su próximo gabinete hay posiciones contradictorias, porque quien será su próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, descartó la creación de la Guardia Civil, a la que López Obrador le agregó el denominador de ‘Ejército de paz’.
Críticas de los defensores de derechos humanos
La importancia de que los militares no intervengan en detenciones y en la estrategia de combate a la delincuencia ha sido una exigencia de más de 100 organizaciones, conformadas en #SeguridadSinGuerra, antes de la aprobaciónde la Ley de Seguridad Interior, que durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto facultó más a las Fuerzas Armadas.
La ley, publicada en diciembre de 2017, establece que el presidente podrá ordenar la intervención del Ejército para enfrentar ‘amenazas a la seguridad interior’.
El colectivo, aglutinado por especialistas y organizaciones expertas en la materia, enfatizó que «las tareas de seguridad pública no son propias de la autoridad militar». Pero la ley se aprobó, y aunque han pedido ya al nuevo Gobierno su regulación, tampoco ven una posición clara.
Leonel Rivero, abogado fundador de Defensa Estratégica en Derechos Humanos —organización defensora de casos emblemáticos en México de violaciones por parte de las Fuerzas Armadas—, considera que para que los militares puedan ser juzgados por sus delitos durante el próximo sexenio tiene que cambiar el esquema de seguridad pública que los incluye y las leyes que los protegen.
Rivero ha defendido casos de agravios a derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad pública, la Marina y el Ejército. Entre otros, abogó por los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, en el estado de México (centro), contra la construcción de un aeropuerto. En ese caso, agentes de la Policía atacaron sexualmente a 11 mujeres en 2006, durante el mandato como gobernador de esa entidad del presidente Peña Nieto.
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