En República Dominicana, donde el turismo representa más del 13 % del PIB y emplea a cerca de 600,000 personas, el auge de los alojamientos turísticos informales ha sido calificado por el sector como una «competencia desleal».
La ausencia de regulación sobre plataformas como Airbnb y Booking está generando un impacto creciente en países como República Dominicana, México y Puerto Rico: erosiona la competitividad del sector hotelero formal, dispara los precios de los alquileres y reduce la capacidad del Estado para financiar un turismo sostenible.
Mientras los hoteles cumplen con impuestos, licencias, inspecciones y normas sanitarias, miles de propiedades ofertadas en plataformas digitales operan al margen del fisco y sin estándares mínimos. Diario Libre estableció el 26 de junio pasado, «RD sigue sin control normativo» sobre estas plataformas.
Más allá del drama social, el fenómeno impacta también en la calidad del servicio turístico. La falta de vivienda asequible limita la contratación de personal esencial -limpieza, seguridad, mantenimiento- y debilita el sistema económico que sostiene el turismo organizado.
