Por: Luis Córdova
Vamos a confiar que nuestros legisladores han leído y comprendido el proyecto de ley de extinción de dominio. No es majadería. Es el mismo congreso que olímpicamente confiesa que, en algunos casos, no lee los proyectos que aprueba.
Suponemos también que ellos, en su mayoría verdaderos ricos, saben que de mañana existir una rigurosa, sana, robusta y justa “ley de extinción de dominio”, se les aplicará por aquel mito de que “todos somos iguales ante la ley” y que poco importa si se es funcionario o no, si se maneja de alguna manera los resortes del poder.
Los legisladores (insisto ricos), porque en este país para ser funcionario de nivel o “político de vocación” es condición sine qua non, conocen el riesgo de darle a la Dirección General de Impuestos Internos (la misma DGII que nos notifica hasta el retraso en la respiración), un brazo tan poderoso.
Más que recuperar, desde las gradas, se ve la intención inquisidora de confirmar de alguna manera que los bienes de “algunos corruptos” fueron forjados al amparo del mal manejo de la cosa pública.
Antes de seguir jugando a la extinción, sírvase el político criollo de anotar lo siguiente: el primer borrador vino de fuera, el tema es asunto prioritario sin que ninguna “fuerza viva” lo demande, es tan atormentador que hace que el presidente de la república yerre al prometer ante los amigos norteamericanos que habrá ley, aún cuando eso dependa de otro poder del Estado. Ni decir de otros funcionarios a los que el viejo fantasma del períncleto de San Cristóbal parece estar atormentando.
¡Habrá ley! Pero también recursos ante tribunales con sentencias que quizás beneficien a los que menos sospechamos.
Es momento de darle una pasadita a “Montesquieu 01”, se hace de rigor…
